_ El articulo 523, inciso 5° del Código Orgánico de Tribunales establece que “para poder ser abogado se requiere: Haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional por seis meses en las corporaciones de asistencia judicial que se refiere a la Ley No. 17.995, circunstancia que deberá acreditarse por el Director General de la respectiva Corporación.”
Con un volumen de 1600 solicitantes anuales, el mercado de prácticas se encuentra saturado. Para postular y obtener un cupo, la espera, según la Corporación de Asistencia Judicial, oscila entre los 3 y 6 meses, postergando en un tiempo importante las expectativas de trabajo remunerado de personas que han atravesado largos años de estudio para recibir un título y poder ejercer.
Javier Moraga Henríquez (23 años), recién egresado de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y postulante para las prácticas profesionales, señala que este tema es “una situación injusta respecto a otras carreras. En Derecho no tenemos la oportunidad de optar por una remuneración durante nuestra práctica que al menos nos sirva para tener algo de dinero, mientras trabajamos gratuitamente para el Estado. Es una carrera con un requisito especial de titulación que no existe en ninguna otra”
Moraga, incluso, cuestiona el actual sistema como un acto “inconstitucional”, ya que “viola el principio fundamental de igualdad ante la ley”. Esto se debe a que un abogado, en sus primeros años de trabajo, gana alrededor de los 900 mil pesos al mes. Por lo que, según cifras del ministerio de Educación, el Estado se está ahorrando al año cerca de 750 millones de pesos sólo en la Región Metropolitana.
“El Estado ahorra mucho dinero con los trabajos sin remuneración de los egresados de Derecho. Con ese dinero al menos deberían entregar subsidios de alimentación o transporte”, reclama el alumno recién egresado de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Por otra parte, hay muchos que ni siquiera tienen acceso a un computador, requisito mínimo para redactar escritos jurídicos Y otros incluso ni siquiera pueden costear un traje de terno y corbata. Entonces, sumando esta carencia con el no pago de sueldo, dificulta la cabal realización de la práctica profesional al futuro abogado.
En este sentido, el consenso de crítica generalizado entre los decanos de las distintas universidades y los estudiantes de la carrera, es el hecho de que estando saturado el mercado de prácticas, la solución debiese ser ampliar el ejercicio de éstas a otras ramas jurídicas y distribuir a los postulantes en diferentes áreas. La opción más aceptada, sería incorporar la defensoria pública del nuevo proceso penal.
De esa forma, la larga lista de espera, que actualmente asciende a 250 personas, para hacerle un “favor gratuito” al Estado, se acortarían permitiendo una titulación que no valla en desmedro de poder optar, de forma rápida, a un trabajo remunerado. |
